Sin embargo, la disposición de las partes no se ha frenado en el ámbito adjetivo, pues la imprevisión legislativa y la lagunosa regulación de esos procedimientos, ha dado pie a los operadores para disponer también del derecho penal material (delito-pena) mediante pactos sobre el contenido de la acusación consenso sobre el mérito del proceso. El principio de legalidad es uno de los más importantes que rigen en el Derecho penal, ya que constituye una de las garantías por las que se limita la facultad … 33 En esta parte seguiremos fundamentalmente la exposición de Del RÃo (2009b) pp. Cerda, Rodrigo y Hermosilla, Francisco (2003): El procedimiento abreviado (Nuevo sistema procesal penal) (Santiago, Metropolitana). Ministerio Público con Vicencio (2004): Corte Suprema, ROL Nº 4.180-2004, de 25 de enero del año 2005. Ministerio Público con Galarce (2012): Juzgado de GarantÃa de Antofagasta, RUC Nº 1200253536-8, de 17 de agosto del año 2012. De acuerdo con lo que marca la propia fracción IV del … Key words: Discretion, mandatory prosecution, criminal proceedings. Incentivo punitivo en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. 35, Nº 1: pp. Mera Figueroa, Jorge (2004): "Discrecionalidad del Ministerio Público, calificación jurÃdica y control judicial", en Informe de Investigación Nº 1 al 15, 1999-2003 (Santiago, Centro de Investigaciones JurÃdicas. Definición de Obligatoriedad Una aproximación a Obligatoriedad podría ser la siguiente: Calidad de obligatorio de un mandato, orden o disposición de un … De Diego, Luis Alfredo (1997): La conformidad del acusado (Valencia, Tirant lo Blanch). No creemos sin embargo, que en la última situación comentada (artÃculos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP), si concurren los presupuestos objetivos dos o más atenuantes y ninguna agravante, pueda verse como un arrebato de las facultades jurisdiccionales del tribunal por parte del MP si la pretensión punitiva de este en su acusación o requerimiento ya comprende la rebaja solo de un grado de la pena, pues no hay acuerdo en nuestra cátedra si en este supuesto la reducción de pena en un grado es facultativa u obligatoria para el órgano jurisdiccional53. 41-66. 6.-. Es ley general, que nadie debe ser Juez a si mismo, ni declarar derecho para sí. En uno y otro procedimiento la pena que no podrá superar el sentenciador es aquella modificada por el Fiscal a raÃz de la negociación con el imputado y su defensa para la renuncia al juicio oral y no la contenida originalmente en el requerimiento y acusación, en su caso, pues de lo contrario la limitación al tribunal no tendrÃa en general efecto alguno, ya que en dichas presentaciones comúnmente se persigue la pena máxima autorizada por la ley. 9 v. Damaska (2010) p. 86. WebPrincipio De La Obligatoriedad, Gratuidad Y Publicidad Se encuentra descrito en el Art. Salinero, Sebastián (2012): "¿Por qué aumenta la población penal en Chile? Por similares motivos, también optamos en general por hablar de discrecionalidad para aludir al principio antagónico al recién mencionado, en desmedro del término oportunidad, pese a que esta denominación ha adquirido carta de naturaleza en nuestro medio jurÃdico. Del RÃo, Carlos (2008): "El principio del consenso de las partes en el proceso penal y enjuiciamiento jurisdiccional: aclaraciones conceptuales necesarias", Revista Chilena de Derecho. En dirección opuesta v. Tavolari (2005) p. 236, y Ministerio Público con Vicencio (2004). En este caso, si el querellante no modifica los hechos de su acusación conforme le autoriza el artÃculo 407, inciso 3°, del CPP, retirando los que excedan la acusación del MP esta actuación del querellante no confronta el principio de obligatoriedad de la acción penal, el que solo recae sobre el MP, podrá dicha parte oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado al igual que en el primer supuesto antes visto, pues el artÃculo 408 del CPP no excluye que la distinta calificación jurÃdica, participación o circunstancias modificatorias que esgrime el querellante para oponerse al procedimiento abreviado, provenga de hechos más amplios que los de la acusación oficial, de conformidad al artÃculo 261 letra a). Parte General (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile, T.I). El tribunal en su fallo no se pronuncia sobre la concurrencia de esta agravante no obstante que deniega beneficios de la Ley Nº 18.216 fundándose en las condenas anteriormente impuestas al requerido por diversos delitos que legalmente permiten configurar la agravante omitida43. (Dir.) Horvitz78, reconociendo que las facultades del querellante se ven mermadas respecto del rito ordinario, quedándole a este solo la posibilidad de ser oÃdo y presentar prueba en el juicio, solo da como alternativa para aquellos casos en que la pena requerida en concreto por el Fiscal se base en hechos o circunstancias que no guarden correspondencia con los antecedentes de la investigación o se valga de interpretaciones jurÃdicas sin asidero alguno en la ley, la jurisprudencia o la doctrina, el reclamo del querellante o la vÃctima ante las autoridades correspondientes por las vÃas que franquea la LOC del MP79. de Derecho Procesal) pp. De lo último, podemos citar la sentencia del 12° Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 1200604349-4, de 8 de enero de 2013, donde el MP plantea, en relación al delito de robo en lugar habitado, la concurrencia de la mitigante del artÃculo 11 Nº 7 del CP con la consignación de una suma de $7.500, pese a que el artÃculo 456 bis, inciso final, del CP prescribe que respecto de ese delito "el juez deberá considerar, especificada, la justificación del celo con que el delincuente ha obrado"44. Respecto del examen de suficiencia de los antecedentes investigativos reunidos por el MP, despejemos que para llevarse a efecto, necesariamente demandará su exposición en forma previa al juicio propiamente tal, la que usualmente se realiza ya sea motu proprio por el MP, o a indicación del Juzgado de GarantÃa, para cumplir con otro de los presupuestos de admisibilidad de este procedimiento, esto es, que el acusado acepte los antecedentes de la investigación que fundan la acusación lo que requiere por cierto su conocimiento, de lo cual la mejor forma de cerciorarse fehacientemente por la autoridad judicial, es exigir que dicha presentación se realice en la propia audiencia en forma oral61. Villanueva con Sánchez (2010): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1000241793-1, de 19 de octubre del año 2010. 21 Lo comentado se refleja en GarcÃa con Carrasco (2013). En esto, la doctrina nacional está a la par de la foránea, la cual destaca que aun cuando un sistema permita cualquier modalidad de justicia negociada, solo debe permitirse el acceso a esta cuando el órgano jurisdiccional haya determinado, en primer lugar, la existencia de indicios racionales que permitan ejercer la acción penal65. En este contexto, es usual que el MP incluya ya en el petitorio de la acusación de procedimiento abreviado o del requerimiento de procedimiento simplificado (ya sea como pena originalmente solicitada o resultado de la negociación con el imputado y su defensa) el influjo del artÃculo 68 bis del CP, esto es, considerar alguna atenuante como muy calificada, lo que conlleva el efecto extraordinario de rebajar en un grado la pena, no obstante que dicha calificación está entregada por la ley a la discreción del juzgador46 y, por tanto, no puede anticiparse en la pretensión punitiva del Fiscal47. Bullemore, Vivian y Mackinnon, John (2005): Curso de Derecho Penal. To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser. También nuestra jurisprudencia, en sentencia de la Corte Suprema, Barahona Larenas (2006); Corte de Apelaciones Herrera con Romero (2006); y Valencia con Abarca (2006). Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia (Santiago, Librotecnia, segunda edición). Del RÃo, Carlos (2009b): Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional (Santiago, Librotecnia). 5 Del RÃo (2009b) pp. Efectivamente, cuando un paÃs tiene un sistema procesal sólido, el acusado que ha cometido un delito grave tiene la seguridad de que si existen suficientes pruebas incriminatorias, con toda probabilidad resultará condenado, situación en la que tiene sentido llegar a un acuerdo en el que obtenga una sentencia algo más benévola, y por su lado, el Estado evite un proceso largo y complejo, difÃcil de sustentar dados los limitados recursos con que cuentan los tribunales en la mayor parte de los paÃses. 126-129. Sobre labeling approach, v. Hassemer (1984) pp. Si esta es desestimada, en caso de haberse ya formulado acusación escrita, se procederá a preparar el juicio oral, y en caso contrario se continuará el procedimiento según el estado en que se encontrase al momento de formularse la acusación, ya sea pendiente el cierre de la investigación o cerrada esta etapa pero faltante la presentación de la acusación, o presentada esta pendiente la audiencia de preparación del juicio oral60. De ahà que usualmente prescindirá de ella, no obstante que el querellante deba ser citado a la audiencia de procedimiento simplificado o abreviado, de conformidad a los artÃculos 260, 393 y 407 del CPP, y según el artÃculo 109, letra d) del mismo texto tenga derecho a ser oÃda si lo solicitare, antes de que el Fiscal pidiere la terminación anticipada del procedimiento. IV. En lo que nos interesa, si la bajada de material fáctico de la acusación ya sea en relación a la primera acusación o a la formalización de la investigación17, obedece auténticamente a una tardÃa advertencia por el Fiscal de la debilidad de los antecedentes reunidos para acreditarlo, sin duda que tal actuación se ajusta al principio de objetividad que rige su actividad y aun sin la autorización del artÃculo 407 en comento, podrÃa haberse ejecutado. 2013 Manuel RodRíguez Vega: PRinciPios de obligatoRiedad… 181 * abogado Magíster en derecho Penal Profesor de derecho Penal de la u católica silva … EL ORIGEN DEL PROCESO DE REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL CHILENA, El Nuevo Sistema Procesal Penal - Carocca Pérez, Álex, ENERO – JUNIO 2017 BOLETÍN DE FALLOS RELEVANTES, I.-GÉNISIS DE LA AUDIENCIA DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL, El efecto de la sentencia condenatoria del procedimiento abreviado en el juicio indemnizatorio por responsabilidad civil ex delicto, CUESTIONARIO DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO 2017, La formalización de la investigación como ejercicio de una carga procesal estratégica del Ministerio Público en el proceso penal, EL INICIO DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL NUEVO ORDENAMIENTO PARA EL PROCESO PENAL: UN NUEVO MODELO, PROCEDIMIENTO PENAL CAPITULO I INTRODUCCIÓN, (Revista Derecho PUCV, Vol. 938-939. Principio de intervención mínima. 44-45; y, Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1063. En la lÃnea de lo que se viene argumentando, durante la discusión parlamentaria se tuvo presente que, por "la amplitud de las escalas de penas que contempla nuestro Código Penal, el fiscal tiene una posibilidad amplia para ofrecer pena, incluyendo el balance de las atenuantes y agravantes"15. Lo anterior se intentó en Ministerio Público con Werner (2006), se rechaza el procedimiento abreviado solicitado por las partes, por estimar que la aplicación del artÃculo 351 del CPP conducÃa a elevar la pena en dos grados, y no en uno como planteaba el MP en su acusación, superándose con ello en el caso en comento el lÃmite máximo que tolera el procedimiento abreviado. Mcdonald (1986-87) p. 203, n. 2; RodrÃguez (1997) p. 68; y, Pizzi (2004) p. 213. Parte General (trad. Carabineros de Chile con Araya (2013): 6° Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 0900607925-0, de 30 de enero del año 2013. La concatenación de los apartados desarrollados anteriormente en este capÃtulo pone en evidencia la necesidad de contar con un definido y robusto control judicial que examine la legalidad de las modificaciones al requerimiento o acusación efectuado por el MP en el marco de las negociaciones llevadas a cabo en el procedimiento simplificado de resolución inmediata y en el juicio abreviado, antes de dictarse sentencia56. retirada del actuar sorpresivo en la sustracción cuando, por la insuficiencia de antecedentes de investigación se vislumbra como improbable probar en el juicio el hecho punible tal como se plantea en la acusación16. Ministerio Público con Ferrada (2013): Juzgado de GarantÃa de Linares, RUC Nº 1200229891-9, de 23 de enero del año 2013. Ministerio Público con Chahuán (2009): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 1.611-2009, del 10 de septiembre del año 2009. Desde luego cabe también hacer extensiva a este procedimiento la posibilidad de retirar material fáctico del requerimiento, en la forma ya explicada para el juicio abreviado, si es verdad que ella obedece a una adecuación, tanto en lo fáctico como en lo jurÃdico, a los mandatos del principio de objetividad, y por ende, de aplicación general a cualquier procedimiento especial. ABSTRACT: This article states that the national regulation does not take into account, in respect of procedures based on self-incrimination, suitable procedural controls on the mandatory exercise of penal action according to the substantive law that should boost the prosecution by law, leaving as a result, multiple, large and important spaces to abandonment or degradation of its exercise of discretion, thus reversing the original model of procedural coding, as displaces in the forensic field, the discretion as to the binding rule in criminal prosecution. En este punto hoy la doctrina predominantemente estima como facultativas para el juez tanto la rebaja de la pena como el monto de ella51, no obstante lo cual, encontramos ejemplos de tal anticipación, como en la sentencia del Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1100172703-8, de 4 de enero de 2012, en la que se deja constancia que respecto del delito de robo en lugar habitado, y concurriendo dos mitigantes (artÃculo 11 Nº 7 y 9 del CP), el MP solicita una pena de 541 dÃas de presidio, es decir, dos grados bajo el mÃnimo, sanción que en definitiva impone el Juzgado de GarantÃa escudándose en la limitación que le significa la norma del artÃculo 412 del CPP52. Concurso aparente de leyes penales y … En el ámbito comparado, v. Quintero, Morales y Prats (1996) p. 539; Maurach, Gössel y Zipf (1994) p. 794; Jescheck y Weigend (2002) pp. Ministerio Público con Barahona(2006): Corte Suprema, ROL Nº 2.618-2003, de 30 de marzo del año 2006. Ministerio Público con Contreras(2012): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1200135493-9, de 30 de marzo del año 2012. En este asunto, como en tanto otros, el ordenamiento nacional es incompleto y lagunar, pues no entrega taxativamente al órgano jurisdiccional herramientas eficaces para desarrollar tal control, y de ahà la incertidumbre y diversidad en el tratamiento dado a esta materia por nuestros tribunales, nocivo estado que ha contribuido a la expansión de las prácticas discrecionales arriba comentadas59. In dubio pro … Ministerio Público con Espina(2013): Juzgado de GarantÃa de Melipilla, RUC Nº 1200043071-2, de 23 de enero del año 2013. ROL DEL OFENDIDO EN EL CONTROL JUDICIAL DE LEGALIDAD. No obstante los reparos comentados, podemos citar diversos casos en que el MP contempla ya en el quantum de la pena solicitada en su acusación o requerimiento, los efectos del artÃculo 68 bis del CP, asà por ejemplo, en causa del Juzgado de GarantÃa de CuracavÃ, RUC Nº 1101256974-4, sentencia de 27 de noviembre de 2012, el MP solicita respecto del delito consumado de robo en bien nacional de uso público, una pena de 61 dÃas de presidio que ya considera anticipadamente la calificación del artÃculo 68 bis del CP a la mitigante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, concediéndose esta por la sola admisión de responsabilidad en el procedimiento simplificado de resolución inmediata48. 23 En el mismo sentido Del rÃo (2008) p. 166. En lo que respecta a esta hipótesis, el acusador particular no puede ya oponerse a la celebración del procedimiento abreviado, atendido que el artÃculo 408 del CPP exige que, como consecuencia de la distinta calificación que sostiene esa parte, la pena solicitada supere el lÃmite de 5 años de presidio o reclusión menores señalado en el artÃculo 406. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, Atabales con Arce (2007), Rol Nº 2.968-2007, de 18.12.2007, y Ministerio Público con Chauán (2009). El abandono de hechos agravantes (existentes) o la inclusión de atenuantes (inexistentes)42. Conde-Pumpido (1989) pp. WebPrincipios rectores y garantías procesales del procedimiento penal en Colombia. c) Tercer supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a hechos distintos de la acusación del MP pero comprendidos en la formalización, que conllevan una calificación jurÃdica de los hechos, atribuir una forma de participación, o la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. (2013): Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal (Barcelona, Bosch). Duce, Mauricio y Riego, Cristian (2002): Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal (Santiago, Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho). Del RÃo, Carlos (2009a): Los poderes de decisión del juez penal. Control judicial de admisibilidad en el juicio abreviado y en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. El principio de legalidad, se encuentra proclamado en el art.25 de la Carta Magna -EDL 1978/3879- al disponer que «nadie podrá ser condenado o … 46 v. entre otros, Bullemore y Mackinnon (2005) T. I, p. 153. B. Asà pues, la rebaja de pena que autoriza el artÃculo 395, suele hacerse operar por el MP incluyendo en su requerimiento, condicionado a la admisión de responsabilidad del imputado, la mitigante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, en analogÃa bonam partem de lo prescrito para el procedimiento abreviado, cuestión que ha sido aceptada mayoritariamente, y correctamente pensamos, por nuestra jurisprudencia27. 323-382. En efecto, tal suficiencia de antecedentes exigida por el legislador más bien fue muestra de su temor a que, ante la desigualdad de condiciones en la negociación entre el Fiscal y el imputado62, este renuncie al juicio oral no obstante la ausencia de antecedentes inculpatorios, en forma similar al plea bargaining estadounidense, para lo cual instaura un control sobre la base de las diligencias instructoras para prejuzgar si en ellas existe o no un suficiente acopio de material probatorio de cargo. WebEXCEPCIONES A LA OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN PENAL (LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD) MIGUEL LANGON La acción penal es pública, … 45 Garrido (2001) T. I, p. 307, explica que "el juez cuenta con una relativa discrecionalidad para la determinación de la pena dentro del marco legal, pero esa discrecionalidad no es absoluta, debe respetar los principios jurÃdicos que la orientan y los fines que esta persigue (prevención general y especial, merecimiento y necesidad de la sanción)". Goldstein, Abraham (1981) The passive judiciary. En el procedimiento simplificado la situación es aún más desmejorada, al no prever el legislador ningún examen de legalidad respecto de la pena solicitada por el Fiscal en caso de admisión de responsabilidad del imputado. 53 Sosteniendo, con la minorÃa de la doctrina, la obligatoriedad de la rebaja de pena por concurrencia de circunstancias atenuantes, Mañalich (2010) pp. Por otra parte, la imprevisión legislativa para dotar de un adecuado instrumental a los jueces para disuadir, evitar y corregir abusos en la reducción de la pretensión procesal del MP, ha derivado en las exageradas menguas que pueden alcanzar las sanciones penales resultantes de estas negociaciones entre Fiscal-imputado, cuya nimiedad no contribuye de modo alguno a los fines que suelen atribuirse a la pena criminal12. Texto y comentario del Código Penal chileno (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile) pp. Sobre el exigente examen de admisibilidad requerido por la doctrina argentina para la procedencia del juicio abreviado, v. Cafferata (2000) pp. El litigante ha de sujetarse a la jurisdicción (ubicación) de la cosa. Cerda, Rodrigo y Hermosilla, Francisco (2006): El Código Procesal Penal. Alcalá-Zamora, Niceto (1962): El Allanamiento en el Proceso Penal (Buenos Aires, Ediciones JurÃdicas Europa-América). De no existir, o de no operar adecuadamente dicho control preliminar, el tribunal al fallar se verÃa impedido de imponer la pena correspondiente a la calificación jurÃdica y sus circunstancias modificativas que estime ajustada a los hechos acreditados, pues la prohibición para superar la pena perseguida por el Fiscal prescrita en los artÃculos 395 y 412 del CPP lo obstarÃa57, violentándose de ese modo el principio y garantÃa de exclusividad de la jurisdicción58. (¿marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo? Y en cuanto a la incorporación al requerimiento o a la acusación de la atenuante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, esta resulta muchas veces una parca recompensa para el requerido o acusado que renuncia al juicio oral si se coteja con la rebaja de un tercio de la pena que permiten los procedimientos italianos del patteggiamento y abbreviato, y el juicio rápido español, por ejemplo, pues dicha modificatoria necesitará para operar una rebaja relevante de la pena siquiera de un grado, el concurso de al menos otra mitigante (artÃculos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP), o su consideración como muy calificada (artÃculo 68 bis del CP), y siempre bajo el supuesto que no se presente también alguna agravante que podrÃa anular su efecto. Ministerio Público con Campos (2011): 6º Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 1100917253-1, de 24 de octubre de 2012. Ministerio Público con Yáñez (2009): Corte Suprema, ROL Nº 2.693-2005, de 3 de agosto del año 2005. 352-353. Correa, Carlos y Reyes, Mauricio (2011): El procedimiento abreviado y la justicia criminal negociada. Como sabemos, se refiere a que los delitos y las penas deben estar debidamente establecidos por la ley. Academia.edu no longer supports Internet Explorer. Empero, este obligatorio ejercicio de la acción penal en la partida del procedimiento, se menoscaba cuando el MP fragmenta el hecho delictivo investigado y excluye de la pretensión procesal de la acusación, elementos fácticos que conducirÃan a una tipificación más gravosa del hecho principal, o constituirÃan circunstancias calificantes o agravantes del mismo. Si bien pudiera parecer que en tales supuestos la acción penal sigue ejerciéndose y, por tanto, no se ha descuidado el deber de perseguir el delito conocido, tal conclusión desatiende que su realización debe respetar los principios de legalidad procesal y objetividad que rigen las potestades y actuaciones del MP, asà como la vigencia del principio de legalidad penal sustantivo y las garantÃas de la estricta jurisdiccionalidad y la exclusividad jurisdiccional en la aplicación del derecho penal5. 25 Ese texto es producto de la Ley Nº 20.074, de 14 de noviembre de 2005. Oberg, Héctor (2000): "Justicia penal negociada", en VV.AA. DEL RÍO, Carlos (2009) Los poderes de decisión del juez penal. En lo concerniente a la agravante del artÃculo 12 Nº 15 del CP, v. Vásquez con Acuña (2012); sentencia del Juzgado de GarantÃa de San Antonio, RUC Nº 1000336390-8, de 30.09.2011; y Ministerio Público con Núñez (2010). En este y otros casos ya vistos y que se verán luego, la pretensión punitiva suele quedar reducida a menos de un diez por ciento de la primitiva, movimiento pendular que, con aguda razón es cuestionado por Del RÃo36, tanto porque la variedad y heterogeneidad de la práctica demuestra que no se obedece a ningún criterio racional y preestablecido, sino a la pura utilidad del caso a caso guidada por el fin de provocar el consenso, y por otra parte, en atención a que las aceptaciones obtenidas con ofrecimientos de rebajas punitivas como las comentadas no pueden considerarse voluntarias. a) Primer supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a los mismos hechos de la acusación del MP, pero proponiendo una calificación jurÃdica de los hechos, atribuyendo una forma de participación, o señalando circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. Revista de Derecho Vol. Esta alteración no fue prevenida ni impedida por el Tribunal, que condena al hechor en base a la calificación propuesta únicamente a una multa de 5 UTM obviando la pena privativa de libertad asignada en la ley, y suspendiendo además su pago conforme al artÃculo 398 del CPP en patente contradicción con este último precepto que permite tal resolución solo respecto de las faltas. 68 Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1083. RESUMEN: En este artÃculo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal. WebSistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal. Esta visión restrictiva sobre el alcance de los consensos que pueden lograrse al interior del proceso penal, concuerda con el Mensaje con que se acompañó el Proyecto de CPP, al señalarse ahà que "se propone la creación de algunos procedimientos simplificados en que por la vÃa de acuerdos entre todos los intervinientes o de algunos de ellos, se supriman etapas del curso ordinario del procedimiento de modo que se permita alcanzar una solución rápida del caso por medio de una sentencia definitiva, siempre que ello resulte posible sin vulnerar los valores que el sistema busca proteger". 4 Siguiendo con ello a DÃez-Picazo (2000) p. 13. v.t. v.t. WebEn efecto, sea la obligatoriedad o la discrecionalidad el principio que comande la actuación del Ministerio Público en un determinado ordenamiento acusatorio, el juez … Ministerio Público con Varas(2009): del Juzgado de GarantÃa de Valdivia, RUC Nº 1100289676-3, de 12 de septiembre del año 2011. Consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial (Durham, Carolina Academic Press). (Madrid, Marcial Pons). 480-481. WebCon el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el … 4768 De acuerdo con lo estipulado en el artículo en el artículo 1361º del Código Civil, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, o … 1003 revista chilena de derecho, vol. Rudnick, Carolina (2007): La compensación racional de circunstancias modificatorias en la determinación judicial de la pena (Santiago, LexisNexis, segunda edición). El principio de proporcionalidad o prohibición del exceso, constituye un principio general del Derecho que rige el establecimiento y aplicación de toda medida … Asencio, José MarÃa (2012): Derecho Procesal Penal (Valencia, Tirant lo Blanch, sexta edición). Sáez, Jorge (2007): "Controles judiciales en los procedimientos convencionales", Revista procesal penal, Nº 55: pp. En un segundo orden, este examen de suficiencia para proceder conforme a las normas del procedimiento abreviado, tiene un objeto diverso al que nos interesa tratar ahora esto es, el control y remedio judicial ante un ejercicio incompleto y fragmentado de la pretensión procesal en atención a que los hechos que razonablemente se podrÃan acreditar con los antecedentes investigativos acopiados por el Fiscal revisten mayor gravedad a los que son objeto de la acusación, pues el examen sobre la suficiencia de antecedentes establecido por el legislador en el artÃculo 410 del CPP precisamente busca evitar lo contrario, es decir, que el imputado renuncie al enjuiciamiento en el procedimiento ordinario respecto de hechos que no están suficientemente acreditados con los registros de la investigación. 157-182. Pues bien, por estas y otras razones, este principio de consenso, tradicional de los sistemas del common law, se ha propagado hoy en dÃa por los ordenamientos europeo-continentales asà como latinoamericanos, en respuesta a la necesidad de atender un mayor número de procesos ingresados al sistema de justicia criminal, de manera tal que se ha llegado a concluir que el proceso adjudicativo completo, es decir, el juicio oral, está en todas partes en decadencia11. Este extremo fue agregado en el Senado, junto con la prohibición de que la sentencia condenatoria se emita exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado, prohibición que el Proyecto de CPP tampoco contemplaba. 401-407. Tagle con Fuster (2010): 4° Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 0700454268-6, de 15 de enero del año 2010. Estos hechos fueron bien calificados en la acusación del MP como delito de robo con intimidación, solicitando la imposición de una pena de 10 años de presidio. 49 Van Weezel (1997) p. 470; y, Matus y Van Weezel (2003) p. 377. Llevaba la razón este profesor, pues tanto la retirada de elementos fácticos del inicial requerimiento o acusación y/o la modificación de la calificación jurÃdica, en adecuación a las reales y razonables posibilidades de acreditación y subsunción por parte del MP, asà como la adición de la minorante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, han resultado insuficientes para incentivar o instar al imputado a renunciar al juicio oral. Webmatch case limit results 1 per page. d) Cuarto supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena de cinco años, o menos, de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a hechos distintos de la acusación del MP pero comprendidos en la formalización, que conllevan una calificación jurÃdica de los hechos, atribuir una forma de participación, o la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. Cuestiones y Casos (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile). La parte querellante invocó cuatro agravantes, pretendiendo en consecuencia una pena de 10 años de presidio. 7.-. La "computación en la nube La … En la jurisprudencia, v. Ministerio Público con Bustamante (2009); y Ministerio Público con Madariaga (2009). Por lo anterior, únicamente cabrÃa admitir ampliar el objeto del procedimiento abreviado a los hechos de la acusación particular que excedan los de la acusación del MP, cuando el imputado también acepte estos y los antecedentes que los fundan, ello, mediante analogÃa in bonam partem (admitida a contrario sensu, según se desprende del artÃculo 5°, inciso 2°, del CPP), si con ello se evita la exposición del acusado "a" y "en" un juicio oral, además de acceder a la rebaja punitiva que prevé el artÃculo 407 de CPP por someterse al procedimiento abreviado. 203-215. 1. Por otra parte, igualmente el MP, con los fines ya tan comentados, postula atenuantes sin respaldo o a todas luces no configuradas legalmente, como la reparación celosa del mal causado (artÃculo 11 Nº 7 del CP) mediante consignación de sumas Ãnfimas y desproporcionadas al daño ocasionado. Ministerio Público con Werner (2006): Juzgado de GarantÃa de Illapel, RUC Nº 0400082703-2, el 30 de agosto del año 2006. 1003 - 1033 [2015] el principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acciÓn penal en los … b) Segundo supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a la pretendida por el MP, pero inferior a cinco años y un dÃa de presidio o reclusión menores en su grado máximo, basándose en los mismos hechos de la acusación del MP, pero proponiendo una calificación jurÃdica de los hechos, atribuyendo una forma de participación, o señalando circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. La convergencia entre proceso civil y penal ¿Una dirección adecuada? Usualmente el acusador público retira discrecionalmente de su acusación o requerimiento, a fin de pavimentar la negociación con el imputado, agravantes avaladas por la investigación y que se invocaban en la acusación, regularmente la reincidencia del imputado (artÃculo 12 Nº 15 ó 16 del CP) o la pluralidad de malhechores (artÃculo 456 bis Nº 3 del CP). ... Medio Ambiente, Seguridad, Social, Tránsito, … La justicia penal en Europa y América ¿Un camino de ida y vuelta? 201-234. Cury, Enrique (2000): "La reforma procesal penal y la legislación penal", en VV.AA. Las especies fueron avaluadas en la suma de $ 90.000 por la ofendida". Hacía la Gestión del conflicto y la fortaleza de la ley. 42 n º 3, pp. Web1. Para que la morigeración de la sanción postulada por el Fiscal sea un real incentivo que provoque o induzca la renuncia del imputado al juicio oral, es que ambos procedimientos en análisis contemplan un tipo de vinculatio poena, que impide al tribunal sancionar en forma más gravosa que la postulada por el MP. ... La misma tendr que ser desplegada por el Ente fiscal, encargado del … Algunos autores han planteado sin eco en nuestros tribunales que en caso de que el Fiscal y el querellante soliciten penas distintas, pero inferiores al lÃmite de 5 años, el consentimiento del acusado deberá recaer sobre ambas acusaciones77, propuesta que se compartirá, como se dirá más adelante, solo en cuanto el relato fáctico de la acusación particular exceda el de la acusación oficial, pues de no ser asÃ, tal aceptación no resulta pertinente, ya que el imputado solo debe consentir en "los hechos materia de la acusación" y en "los antecedentes de la investigación que la fundaren" (artÃculo 406, inciso 2°, del CPP), y no en las penas solicitadas por el Fiscal y el querellante. Producto de la agresión la vÃctima resultó con 'contusión de brazo izquierdo' de carácter leve".  Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons. Y situados en este contexto, pareciera que lo reflexionado permitirÃa concluir que si el legislador autoriza al MP, no obstante encontrarse ya agotada y cerrada la investigación y presentada una acusación respetuosa del principio de objetividad, a modificar esta más allá de las secuelas de la incorporación de la mitigante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, esa modificación obedecerá al resultado de una alteración paccionada de los hechos principales o accesorios acreditados durante la investigación y/o de su calificación jurÃdica23. 49, 2, 2017): Naturaleza jurídica de la Fase Intermedia del proceso penal chileno. Al estimar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 997-2007, de 24 de mayo de 2007 que dicha pretensión particular era fundada, conforme al artÃculo 414 del CPP, invalidó tanto la sentencia definitiva como la audiencia de procedimiento abreviado, ordenando la realización de la audiencia de preparación de juicio oral74. B. Procedimiento simplificado de resolución inmediata. 157-166. Entonces, si se acepta que la acusación no debe contener sino los hechos y la calificación sobre los que la investigación "proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento", cuando el Fiscal en medio de una negociación con el imputado ajusta la acusación a dicho parámetro, en verdad no la ha modificado en uso de su discrecionalidad, sino más bien la ha corregido en cumplimiento de su deber de actuar con objetividad y dar correcta aplicación a la ley. Desde el delito de daños calificado a simple, v. Torres con Ossandón (2011), y del delito a la falta de daños, v. Cifuentes con Yáñez (2012). Lo último, apoyándose en Schünemann y en la jurisprudencia alemana. Mientras el procedimiento inquisitivo en los sistemas de justicia continentales consistió en la mera verificación pública del contenido del dossier de la investigación preliminar, el aparato de justicia criminal tenÃa escaso interés de negociar beneficios con el acusado, pues no habÃa mayor incertidumbre acerca de la decisión que tomarÃan los jueces profesionales en este remedo de juicio9. 73 Lo mismo cabe señalar si los "antecedentes" que fundan los hechos de la acusación particular no abarcados por la acusación oficial, no fueron aceptados por el imputado, ya sea porque siendo parte del cuaderno de investigación del MP, no fueron invocados por este como sostén de su acusación en la audiencia de procedimiento abreviado, o porque son elementos investigativos recabados autónomamente por el querellante y no allegados al registro de la investigación del MP. 102, 134-135. Pen. Armenta, Teresa (2012): Sistemas procesales penales. Facultad de Derecho Universidad Diego Portales). La manipulación fáctica del hecho punible o de alguna circunstancia con el fin de dar lugar a una calificación menos grave. También, Ministerio Público con Gómez (2008). Igual motivo de queja debe dirigirse contra la mutación de la calificación jurÃdica del hecho imputado en la acusación v.gr. WebEn este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe … Pecchi, Carlos (2000) "El procedimiento abreviado en el nuevo Código Procesal Penal", en VV.AA. Parte General (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile, T. II, tercera edición). Web¿Cuáles son los principios que imponen la obligatoriedad de motivar una sentencia judicial? 4. La obligatoriedad de los mismo, se … Blanco con Arguedas (2012): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1200462700-6, de 27.07.2012. Como nos enseña Maier, el principio de legalidad, desde un punto de vista negativo, significa que ningún criterio de oportunidad polÃtico-utilitario, por conveniencia práctica, económica, temporal, etc. autoriza, en principio, a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible3. El Nuevo Proceso Penal Chileno (Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias JurÃdicas y Sociales, Dept. Este hecho lo calificó el MP como delito de conducción de vehÃculo en estado de ebriedad, solicitando la pena de 300 dÃas de presidio menor y multa de 2 UTM, además de la suspensión de licencia de conducir por el término de 1 año. Son estas cortapisas para retribuir adecuadamente la renuncia al juicio oral que efectúa el requerido o acusado, las que han llevado a que el MP sistemáticamente modifique sus requerimientos y acusaciones, asà como las penas pretendidas, mucho más allá de la mera incorporación de la atenuante del artÃculo 11 Nº 9 del CP al juego operativo de las normas de determinación de pena, incurriendo en diversas prácticas de cuestionable legalidad, incluso en contravención a los dictámenes de la autoridad máxima del propio MP, la que uniforme y reiteradamente ha desestimado la alteración de cargos en la acusación, instruyendo a los Fiscales sin éxito por cierto que "se atengan estrictamente al mérito de la investigación y no modifiquen su acusación por delitos de menor penalidad, con el objeto de llegar a un procedimiento de esta naturaleza, pues ello es contrario al principio de legalidad"32. Torres con Ossandón (2011): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1100693644-1, de 3 de diciembre del año 2011. Un breve estudio a partir de elementos comparados, Procesal Penal. Una vez admitida responsabilidad por el imputado, en su fallo la sentenciadora estimó que no concurrÃan dos de las mitigantes alegadas por el MP artÃculo 11 Nº 6 y 7 del CP, procediendo legalmente la imposición de una pena entre 61 y 540 dÃas de presidio, sin embargo, sanciona en definitiva con fecha 4 de noviembre de 2010, a la pena inferior requerida por el MP en virtud de lo dispuesto en el artÃculo 395, inciso 2°, del CPP, y argumentando que: "toda vez que ya admitida la responsabilidad penal por el encausado, se ha fijado el lÃmite máximo de pena a imponer, encontrándose el tribunal vedado de aplicar una pena superior a ella, siendo ya intrascendente a los efectos su pronunciamiento respecto de aquellas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal". 113-150. Piedrabuena, Guillermo (2000): Introducción a la Reforma Procesal Penal (Santiago, Fallos del Mes). Ahora bien, el verdadero problema de esta tesis es que deja amplio margen al abusivo ingenio del overcharging, como es conocida esta operación en el derecho estadounidense, con el que se aborda dos distintos problemas: a) horizontal overcharging, esto es, la actitud del MP de multiplicar sin razón alguna el número de acusaciones contra un único acusado; y, b) vertical overcharging, en este caso se acusa al defendant con un solo cargo, pero en un grado más alto del que las circunstancias del caso parecen justificar18. De otro modo, se incentivarÃa al MP a abultar los hechos de la acusación, no obstante saber que se carecerá de prueba para acreditarlos en el juicio oral, con el único objeto de autogenerarse un margen para regatear con el imputado, quien renunciarÃa inútilmente al juicio oral, pues ante la falta de prueba solo se habrÃa acreditado en dicha instancia el mismo suceso que se terminó aceptando en el juicio abreviado20. 1. Sorry, preview is currently unavailable. Jescheck, Hans-Heinrich y Weigend, Thomas (2002): Tratado de Derecho Penal. Ministerio Público con Núñez (2010): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1001051563-2, de 6 de diciembre del año 2011. ; Sáez (2007) p. 19; Del RÃo (2009b) p. 139 y n. 159; y Salas (2009) pp. 74 v.t. 27 v. Ministerio Público con Sivoli (2006); y Ministerio Público con Varas (2008). Situaciones como la recién extractada son aún más graves, desde que, en opinión de Del RÃo38, dan cuenta además de la infracción al deber de correlación, pues detrás de una modificación de la calificación como la indicada, lo que hay en realidad es un cambio sustancial del hecho enjuiciado. Hassemer, Winfried (1984): Fundamentos del Derecho Penal (trad. Ministerio Público con águila (2010): Juzgado de GarantÃa de Osorno, RUC Nº 1000459761-9, de 27 de septiembre del año 2010. Ministerio Público con Figueroa (2009): RUC Nº 0801059594-1, de 23 de enero del año 2009. Cifuentes con Yáñez (2012): 2º Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 0900255837-5, de 27 de enero del año 2012. Ministerio Público con Vergara(2006): Juzgado de GarantÃa de Puerto Montt, RUC Nº 0600479969-9, de 12 de julio del año 2006. 50-112. 79 Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1083, confirman la imprevisión de un derecho a oposición del querellante en los términos del procedimiento abreviado. (Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Marcial Pons). 77-109, al tratar lo que él ha llamado como "prácticas inadecuadas sobre el procedimiento abreviado en la jurisprudencia". )", en Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio (Madrid, Tecnos) pp. UCV, v.40 , 2013-, Ene-Jul, 643-686. El Nuevo Proceso Penal Chileno (Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias JurÃdicas y Sociales, Dept. A este principio, por su mayor precisión conceptual y neutralidad terminológica, nos referimos como obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal4, sin desconocer que parte importante de la doctrina europeo-continental y nacional, suele denominarlo indistintamente como principio de legalidad o de legalidad procesal. El Proyecto de CPP no contemplaba, dentro de los aspectos que el Juzgado de GarantÃa debÃa tener en cuenta para resolver si acogÃa o no a tramitación el procedimiento abreviado, un examen acerca de la suficiencia de los antecedentes de la investigación fiscal. Marafioti, Luca (2008): "Italian Criminal Procedure: A system Caught Between Two Traditions", en Jackson, J., Lánger, M., Tillers, P. Crime, Procedure and Evidence in a Comparative International Context. Núñez, Juan Cristóbal (2003): Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile). Estos hechos fueron calificados correctamente por el MP como robo con violencia e intimidación, sin embargo, en la audiencia de preparación del juicio oral, sin modificar los hechos, ahora se califican erróneamente como robo por sorpresa, a fin de someter su juzgamiento bajo las normas del procedimiento abreviado. Experiencias de derecho comparado (Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca). Aun cuando el artÃculo 394 del CPP señala que al inicio de la audiencia de procedimiento simplificado, el tribunal efectuará una breve relación "del requerimiento y de la querella, en su caso", luego el artÃculo 395 prescribe que el tribunal preguntará al imputado si admitiere responsabilidad "en los hechos contenidos en el requerimiento" o si, por el contrario, solicitare la realización de la audiencia, es decir, la normativa procesal no solo no institucionaliza en el procedimiento simplificado una sede formal para que el actor particular manifieste su oposición al procedimiento del artÃculo 395 del CPP, si este pudiera conllevar la imposición de una pena máxima que no se ajusta al mérito fáctico y jurÃdico de la investigación, como sucede en el procedimiento abreviado, sino que tampoco se recoge en el procedimiento simplificado un precepto similar al artÃculo 412 del CPP, que le permita al juez fijar como pena máxima a imponer a la pretendida por el MP o el querellante. WebRevista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XL (Valparaíso, Chile, 2013, 1er Semestre) [pp. 13 Becker (2009). Ministerio Público con Gómez (2008): Corte de Apelaciones de Rancagua, ROL Nº 186-2008, de 2 de junio del año 2008. Publicado En: Revista de Derecho. 44 Igual situación se aprecia en Ministerio Público con Ardiles (2012); y Ministerio Público con Ferrada (2013). Algunas de las prácticas que revisaremos han sido respaldadas, con diferencias, por buena parte de nuestra doctrina, v. Oberg (2000) p. 162; Mera (2004) pp.
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